A ofensiva das empresas xornalísticas, Mundo, El Correo, Diario de Levante, Etc ten a súa resposta nesta artículo de Dardo. Saúdos;


La libertad de prensa no está peligro;

la independencia de los periodistas, sí

La falta de rigor y la desinformación invalidan el ataque de Víctor de la 
Serna al proyecto de ley que aspira a regular la profesión periodística y 
garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz y plural

Dardo Gómez

Secretario de Organización de la Federación de Sindicatos de Periodistas 
(FeSP )

No nos ha sorprendido a los informadores la virulencia con que algunas 
empresas periodísticas se han revuelto, como era de esperar, contra la 
decisión del Congreso de los Diputados  de tramitar un proyecto de ley de  
Estatuto del Periodista Profesional. Tampoco nos sorprende, por lo repetido, 
el discurso tremendista contra esta reivindicación de los periodistas para 
regular legalmente el ejercicio de nuestra profesión y garantizar el derecho 
de la ciudadanía a una información veraz y plural. Sin embargo, esperábamos 
mayor altura en sus alegatos.

El pasado 4 de diciembre, el periódico El Mundo publicó un artículo de 
Víctor de la Serna,  con el esperpéntico título  Los enemigos de la libertad 
de prensa vuelven a la carga. Si el editorial de días antes del mismo 
periódico mostraba una falta de rigor impropia de ese medio, este artículo 
destaca por su falta de documentación y exactitud.

Una somera lectura del proyecto de ley hubiera bastado para evitar un título 
tan lamentable. De verdad: yo no he conocido ningún periodista que esté en 
contra la libertad de prensa, ni a nadie en su sano de juicio que piense que 
está en peligro en toda Europa, donde la libertad de empresa la garantiza.

El articulista adjudica la paternidad del proyecto de Estatuto a la 
Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), lo que nos honraría; pero 
sólo hemos sido partícipes en una tarea común de los colegios de periodistas 
de Cataluña y de Galicia, las agrupaciones de periodistas de CCOO y UGT, la 
Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la FeSP. Todos 
estos grupos están integrados en el Foro de Organizaciones de Periodistas, 
que ha asumido la tarea de dar forma a un proyecto que ha sido debatido y 
aprobado en las tres ediciones de la Convención de Periodistas de España 
celebradas durante los últimos años.

Dice el señor De la Serna que la Federación de Asociaciones de la Prensa “se 
ha desenganchado” de este proyecto. Está mal informado, porque eso no ha 
sucedido; sólo ha habido declaraciones contrarias del presidente de la 
Asociación de la Prensa de Madrid, pero otras asociaciones de la FAPE han 
reafirmado su respaldo al proyecto. Hace pocos días, el presidente de la 
Federación de Asociaciones de la Prensa de Andalucía abogó por una ley de 
prensa y un Estatuto del periodista “para mejorar la independencia y las 
condiciones laborales de los que se dedican a esta profesión”. Lo mismo ha 
hecho la Asociación de la Prensa de Asturias que, junto a todas las 
organizaciones del Foro de Periodistas en esa autonomía, ha solicitado y 
obtenido el voto unánime del parlamento asturiano, incluido el PP, para 
pedir al Parlamento de España el respaldo al proyecto.

En cuanto a los apoyos que ha tenido en el Congerso el proyecto de ley que 
presentó el grupo parlamentario Izquierda Unida-Izquierda Verde-Iniciativa 
per Catalunya Verds, que el articulista denomina “respaldo del bloque 
progubernamental”, hay que aclararle que todos los grupos parlamentarios 
-con la única excepción del PP- votaron a favor de que se tramite este 
proyecto, e incluso anunciaron que presentarán enmiendas para mejorarlo. 
Algunos de ellos son tan poco proclives a "sovietizar" las redacciones (otra 
perla del articulista) como el PNV, CiU o Coalición Canaria.

Un derecho y un deber

Como Víctor de la Serna confiesa que no comprende la coexistencia del 
derecho y el deber de informar y dice que no hay “por dónde cogerlo”, lo 
explicaremos apelando al abundante material que catedráticos, juristas y 
muchos fundamentos legales de varios países nos permite disponer. Un repaso 
por la facultad a todos nos rejuvenece.

Así como el derecho a informar incluye la libertad de expresión, la de 
imprenta y el de constitución de empresas informativas, el derecho a ser 
informado incluye la facultad de recibir información objetiva y oportuna, 
que debe ser completa y universal. Es decir, que el receptor tiene el 
derecho a conocer  toda la información disponible y ésta debe ser para todas 
las personas, sin exclusión alguna.

Por eso, el derecho a la información ha sido reconocido como un derecho de 
doble vía: del emisor y del receptor. Para cumplir esa doble función se debe 
garantizar al informador la elaboración y emisión independiente, porque el 
derecho a informar se concibe al servicio de la opinión pública. Cualquier 
interferencia en ese proceso, provenga del poder político, del poder 
económico o de los propios medios, atenta no sólo contra los derechos 
individuales de los informadores y de los ciudadanos sino contra las bases y 
fundamentos del Estado democrático.

Por lo tanto, el informador tiene el derecho a informar y, al mismo tiempo, 
el deber de hacerlo de manera veraz y objetiva. Hay que partir del principio 
que la información es propiedad de la ciudadanía y no de los medios ni de 
los periodistas.

Hablemos de Europa

En cuanto a la mención al Estatuto del Periodista francés que hace el señor 
de la Serna, debiera haberse informado que éste data del 29 de marzo de 1935 
y que, aunque nació fundamentalmente para regular la cláusula de conciencia, 
los legisladores galos tuvieron el suficiente talento como para entender que 
debía ser un instrumento para preservar la independencia del “cuarto poder” 
y reunió en un único documento legal derechos profesionales y laborales. De 
haberlo consultado, hubiera visto que hay en su contenido mucho más que una 
simple cuestión de impuestos.

Igualmente es recomendable alguna lectura del Ordine dei Giornalisti 
italiano que, por lo que escribe, tampoco ha tenido tiempo de hojear. Fue 
sancionada el 3 de febrero de 1963, para entonces, la herencia fascista que 
le atribuye estaba un tanto lejana; y ha servido, entre otras cosas, para 
impedir que el señor Berlusconi impusiera los derechos de empresa por encima 
de los de la información y para evitar que los periodistas digitales fueran 
denominados “proveedores de contenidos” y excluidos del convenio de 
periodistas.

En cuanto a esta “mordaza” que el Estatuto nos impondría a los latinos y 
que, según el señor De la Serna, no padecen los suecos, cabe recordarle que 
entre las variadas leyes que en Suecia regulan el derecho a la información 
se recoge que aun “teniendo en cuenta la relevancia de la más amplia 
libertad de expresión y de información en las materias políticas, 
religiosas, profesionales, científicas y  culturales (…) la aprobación de 
normas que regulen detalladamente un modo particular de difusión o de 
recibir información, sin atender a su contenido, no será considerada como 
una restricción a la libertad de expresión y de información.”  Como se ve, 
los periodistas nórdicos tampoco piensan que regular signifique recortar 
libertades ni perjudicar el derecho de expresión o la libertad de prensa.

También el Consejo de Europa

Ya que el articulista invoca, también con ligereza, el respaldo de 
organismos internacionales a sus alegaciones, cabe mencionarle el punto 32 
del Código Europeo del Periodismo, aprobado por unanimidad del Consejo de 
Europa el 1 de julio de 1993, que establece: “En el interior de la empresa 
informativa deben convivir los editores, propietarios y los periodistas. 
Para ello es necesaria la elaboración de estatutos de la redacción 
periodística con la finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los 
periodistas con los propietarios y editores en el interior de los medios de 
comunicación, con independencia de las obligaciones laborales. Dentro de 
estos estatutos se preverá la existencia de comités de redacción.”  Espero 
que nadie prejuzgue que en todos los parlamentarios europeos se anida la 
intención de "sovietizar" las redacciones.

Hay que lamentar que el señor De la Serna haya sido víctima de la 
precariedad profesional. Da la sensación que le han metido prisas  y que por 
eso no ha podido contrastar la información, recopilar la documentación 
necesaria o recurrir a fuentes bien informadas... De haberlo hecho, hubiera 
podido redactar un artículo digno de su valía profesional y, de haber 
contado con un buen Estatuto de los periodistas, hasta hubiera podido 
negarse a poner su firma a un texto tan endeble en sus argumentos. Esperamos 
que pronto contemos todos con esas garantías.

Diciembre de 2004